miércoles, 9 de febrero de 2011

TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN JUICIO JUSTO

El Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) denuncia la situación en que se encuentra Sindulfo Agüero, de 69 años, dirigente de la Organización Campesina del Norte (OCN), quien comenzó una huelga de hambre en el penal de Tacumbú exigiendo celeridad en el proceso que se le sigue y objetividad al Ministerio Público.

Agüero está preso en Tacumbú y fue imputado el 20 de enero de 2010 por los fiscales Sandra Quiñónez y Francisco Ayala, por brindar supuestamente apoyo logístico al EPP.

La Coordinadora por la Derechos Humanos en el Paraguay (CODEHUPY) señaló que los fiscales no mencionaron ningún hecho concreto que haya realizado Agüero. Denunció que “se limitaron a decir que cruces de llamadas lo involucran en el secuestro de Luis Lindstron. El Ministerio Público pidió seis meses para investigar y demostrar la participación de Agüero en el secuestro de Lindstron. Sin embargo, al cabo de seis meses Sandra Quiñónez pidió se le amplíe el plazo por otros seis meses más, pues no tenía aún evidencias en contra de Sindulfo Agüero. Mientas, él seguía en prisión en condiciones infrahumanas”.

Otro cuestionamiento hecho por la CODEHUPY es que el pasado 21 de enero de 2011, la fiscala Sandra Quiñónez acusó a Sindulfo Agüero. Sin embargo, no relató de manera concreta lo que él hizo, ni cómo lo hizo para merecer ser enjuiciado y acusado como exige el artículo 347 del Código Procesal Penal que manda que la acusación debe contener la relación precisa y circunstanciada que se atribuye al imputado.

La defensa del dirigente campesino también ha denunciado que el juez Jorge Benítez de Concepción niega acceso al texto de la acusación, no ha notificado de la misma a las partes, tampoco permite el acceso al documento de los abogados defensores.

Estas irregularidades confirman la serie de denuncias que fueron hechas en los últimos años en contra de la actuación tendenciosa de la fiscalía y del aparato judicial cuando se trata de dirigentes de organizaciones populares, comunidades campesinas o indígenas. No ocurre lo mismo cuando se dictan sentencias para liberar a grandes delincuentes.

Toda persona tiene derecho a un juicio justo y nadie puede ser declarado culpable desde el momento en que se lo detiene.

La justicia y los organismos de seguridad requieren de un saneamiento para adecuarlos a las exigencias del pueblo y erradicar definitivamente las campañas represivas y los juicios manipulados.

Asunción, 9 de febrero de 2011.-

Ramón Medina
Secretario General

Ernesto Benitez
Secretario General Adjunto

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