EL PAIS NO NECESITA OTRA AMENAZA CON NUEVO GARROTE
La ley antiterrorista tiene el objetivo de atemorizar a la población, a las organizaciones populares, a sus dirigentes y al conjunto de la sociedad para desalentar movilizaciones y reclamos, como si existiese una amenaza de desestabilización o de grave peligro interno.
Con este tipo de disposiciones represivas se busca proteger a un pequeño grupo de oligarcas y los intereses de las multinacionales; y se dirige la lucha contra el terrorismo al pueblo empobrecido.
Pero el antiterrorismo y la militarización creciente, las amenazas de guerra, forman parte hoy de la política de dominación del imperio que se ha ido profundizando a partir del 2001, con la criminalización de los reclamos nacionales en contra de la intervención y de los saqueos. Lo mismo ocurre con las luchas de las organizaciones sociales contra la violencia, contra la explotación de los trabajadores, la contaminación ambiental, las violaciones a los derechos humanos.
Así como está redactada la ley, cualquier marcha de protesta, un corte de ruta u ocupación de cualquier pedazo de tierra podría considerarse una acción terrorista. Y peor aun, su interpretación y su aplicación quedan a cargo de jueces y fiscales integrantes de dos de las instituciones más cuestionadas por su corrupción y parcialismo.
La ley antiterrorista es un grave error del Poder Ejecutivo, que había tenido acciones progresistas a favor de la soberanía y ahora da señales de acercarse a una alineación con la política imperialista agresiva en la región encabezada por el Plan Colombia, por lo que tampoco puede admitirse la cooperación de organismos de seguridad de ese país con la policía y la fiscalía de Paraguay, lo mismo que la presencia de los asesores colombianos.
No avanzamos hacia una mayor democracia ni mayor justicia con legislaciones de este tipo que responden a intereses externos y a pequeños grupos que quieren seguir manteniendo sus privilegios. La lucha contra todo tipo de terrorismo tiene que ser un compromiso de todas las naciones del mundo para erradicarlo, porque el terrorismo no solamente proviene de grupos fanatizados sino también del Estado.
Paraguay necesita avanzar en su desarrollo económico y social, hacer la reforma agraria, detener la migración de los compatriotas, acabar con la corrupción y ¡no una nueva amenaza con un nuevo garrote!
El Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) hace un llamado de unidad a todas las organizaciones del campo popular, democrático, socialista, de los derechos humanos, para recomenzar una lucha contra esta ley represiva.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.
Asunción 30 de junio de 2010.
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